El Ayuntamiento exige a la Subdelegación de Gobierno que colabore en el protocolo de actuación contra ocupaciones ilegales

El equipo de gobierno de Atarfe exige a la Subdelegación de Gobierno que colabore en la puesta en marcha de un protocolo de actuación contra las ocupaciones ilegales de viviendas después de que una familia entrara por la fuerza en una casa de la calle Manuel de Falla sin que la Guardia Civil impidiera su entrada.

Antes de producirse la ocupación, la concejal de Vivienda y portavoz del Gobierno, Rosa Félix, había advertido a la Guardia Civil y a la Junta de Andalucía, ante la existencia de menores, para que intervinieran de forma urgente y evitaran un problema a los vecinos que residen en la zona.

El equipo de gobierno, avisado por vecinos, puso de inmediato en conocimiento de la Policía Local y de los agentes de la Guardia Civil de Atarfe los hechos para frustrar un allanamiento de morada que finalmente no fue posible.

En las últimas horas, el Ayuntamiento de Atarfe se ha puesto en contacto con el propietario de la vivienda para que interponga de inmediato una denuncia en el juzgado, al tiempo que ha contactado con Aguasvira y Endesa para que denuncien el fraude de suministro.

Desde que se detectó la presencia de dicha familia en Atarfe, con antecedentes de ocupación, el Ayuntamiento ha realizado varias gestiones con la administración autonómica para que resuelva una situación que le compete. En concreto, se ha dirigido a la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía para que permute la vivienda social que dicha familia disponía en un municipio andaluz por otra casa similar que no necesariamente fuera en Atarfe, ante la inexistencia de arraigo social y carencia de inmuebles públicos que cumplan con dichas características.

Lo sucedido obliga –según el equipo de gobierno- a poner en marcha el protocolo de actuación contra las ocupaciones ilegales de viviendas que el Ayuntamiento presentó al subdelegado de Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, en la Junta Local de Seguridad celebrada el 29 de mayo. En dicho encuentro, el portavoz del Gobierno central señaló que solo se puede intervenir en aplicación de la ley, reconociendo las dificultades de la Guardia Civil para entrar en las viviendas sin orden judicial y mostrando sus reservas sobre la eficacia de las medidas que se planteaban en el borrador del protocolo.

El equipo de gobierno recuerda ahora al subdelegado que lo que no resulta eficaz es hacer caso omiso de las advertencias que trasladó el Ayuntamiento a la Guardia Civil para impedir una nueva ocupación antes de que se produjera, desatendiendo el deber de auxilio y atención a los vecinos.

El objetivo del plan impulsado por el equipo de gobierno es erradicar las ocupaciones propiciadas por las redes mafiosas u ocupaciones incívicas que impiden la convivencia normal entre vecinos, y procurar alternativa habitacional a las familias o personas que no puedan hacerse cargo de una vivienda en el mercado por su situación de precariedad. Pero para ello estima necesaria la participación de instituciones, fuerzas de seguridad, entidades bancarias y empresas suministradoras de servicios.

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