La deuda contraída por sentencias judiciales
Las sentencias que en los últimos años han condenado al Ayuntamiento de Atarfe al pago de 18 millones de euros son consecuencia, en la mayor parte de los casos, de la política urbanística que se llevó a cabo en los años del boom inmobiliario.
Las deudas por sentencia firme ascienden en este momento a 14,9 millones de euros, más otros 3,1 millones que aún están pendientes del recurso interpuesto por el Ayuntamiento para tratar de reducir la obligación de pago con el Consorcio Resur, dependiente de la Diputación de Granada, después de años sin abonar el tratamiento de los residuos sólidos.
El equipo de gobierno ha contactado con la institución provincial, dada la cuantiosa deuda a abonar, para negociar un plan de pagos a largo plazo a fin de no causar un "trastorno grave a la hacienda local". El Ayuntamiento desea mantener las transferencias que recibe de la institución provincial o, al menos, que no afecten a las partidas relativas a los Servicios Sociales.
La Plaza de Toros
La deuda más cuantiosa guarda relación con la construcción de la Plaza de Toros, cuya obra se licitó por 2,7 millones de euros si bien el coste real se disparó hasta los 7 millones. La empresa municipal dedicada a la gestión del urbanismo, Proyecto Atarfe, hoy en proceso de liquidación, se vio obligada a solicitar varios préstamos. Una vez construida la plaza y los locales comerciales, Proyecto Atarfe solicitó el 11 de septiembre de 2009, con el aval solidario del Ayuntamiento de Atarfe, un préstamo hipotecario al Banco Santander de 7,5 millones de euros para refinanciar y unificar varios de los préstamos solicitados con anterioridad.
El impago dio lugar en 2012 a la ejecución hipotecaria por sentencia firme. A la cantidad reclamada de 7,3 millones de euros se suman los intereses y las costas del juicio por importe de otros 2,2 millones. En total, la deuda pendiente con el Banco Santander por la operación de la Plaza de Toros asciende a 9,5 millones de euros.
El alto Tribunal decretó también el embargo de 12 locales comerciales de la Plaza de Toros y 24 propiedades del Ayuntamiento, entre ellas varias posesiones de dominio público como la Escuela de Música, el Hogar del Pensionista, el edificio de Servicios Sociales, un espacio libre en el polígono de los Álamos, aparcamientos y varias propiedades pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo.
El Corredor Verde
La construcción del Corredor Verde, parque habilitado en los terrenos colindantes con la autovía 92, acabó igualmente en los tribunales que finalmente condenaron al Ayuntamiento a pagar casi 4 millones de euros a Ingra S.A., hoy Visogsa, empresa de la Diputación de Granada.
La elevada deuda tiene su origen en el impago de las certificaciones de obras que correspondía abonar al Ayuntamiento de Atarfe según el convenio que contrajo con la Diputación en julio de 2006. De las diez certificaciones, el entonces gobierno socialista sólo pagó una de ellas y dejó obligaciones por importe de 3,3 millones a lo que hay que sumar 606.269 euros en intereses de demora.
A ello se suma la deuda que se mantiene con los propietarios del suelo que se ocupó en su momento sin expediente de expropiación, a través de la firma de convenios en los que se prometía aprovechamientos urbanísticos en otros sectores y que no llegaron a materializarse. El coste para el Ayuntamiento por este concepto podría estar por encima del millón de euros.
¿Qué ha pasado con el dinero dedicado al tratamiento de residuos?
El Ayuntamiento de Atarfe debe pagar 3.121.159 euros por no haber abonado desde 1996 y hasta 2013 el tratamiento de los residuos sólidos urbanos al Consorcio Resur, según consta en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada con fecha de 14 de marzo de 2017.
El Ayuntamiento cobró durante años a los vecinos la tasa de basura pero el dinero se destinaba a otros fines, incumpliendo el compromiso adquirido con Consorcio Resur para el tratamiento de los residuos. Dicho Consorcio llegó a estar presidido por el entonces alcalde de Atarfe durante el periodo 1999 y 2003, tal y como queda reflejado en la última sentencia del Juzgado.
El actual equipo de gobierno ha anunciado que presentará un recurso de apelación ante la posibilidad de que una parte de la deuda haya podido prescribir.
La carretera de los Tres Juanes
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó el pasado mes de enero el recurso presentado por el Ayuntamiento de Atarfe contra la sentencia que le condenaba a pagar 552.378 euros a la Diputación por la contratación irregular hace una década de las obras de uno de los accesos a la ermita de los Tres Juanes.
La mejora de la carretera de titularidad municipal se realizó con unos planes provinciales de la Diputación, si bien la institución provincial y el Ayuntamiento de Atarfe no aprobaron el expediente de contratación, que se formalizó de manera verbal cuando el entonces alcalde del municipio, Víctor Sánchez (PSOE), era también vicepresidente de la Diputación.
Otras deudas por el desarrollo del sector industrial de los Calerines
Igualmente el Ayuntamiento está obligado por sentencia firme a abonar cerca de 800.000 euros por distintas operaciones en sector industrial de los Calerines.
Las obras de urbanización de este sector comenzaron en el año 2006, haciendo caso omiso a la afección del Bien de Interés Cultural, con la intención de obligar a la Junta de Andalucía a reducir el perímetro de protección.
La Consejería de Cultura paralizó la actuación que llevaba a cabo Probisa Vías y Obras S.A y el coste, que todavía no se había imputado a los propietarios, lo asumió la empresa municipal Proyecto Atarfe que dejó de pagar a la empresa constructora la cantidad de 194.000€. Esta cifra se convirtió en 346.837,23€ con los intereses.
El Ayuntamiento también tiene contraída una deuda de 240.218 euros con Promociones Inmobiliarias García Costela S.L., y más recientemente se conoció una sentencia del Juzgado de Primera Instancia que obligaba al Ayuntamiento a devolver once años después 206.712 euros por el incumplimiento e un contrato de compraventa que formalizó la empresa Proyecto Atarfe con Bloques Granada.
En ambos casos, el Ayuntamiento y Proyecto Atarfe vendieron anticipadamente el suelo que le correspondería del 10% del aprovechamiento urbanístico del sector de los Calerines, conociendo de antemano la protección del Bien de Interés Cultural que pesaba sobre esos suelos. El suelo no fue entregado en su día por el Ayuntamiento, por lo que debe devolver el dinero que recibió por esa compraventa. El juez ha hecho efectivo el embargo de una cuenta de Proyecto Atarfe para pagar una de las deudas.
En los enlaces que se adjuntan a continuación se informa de la evolución de la deuda en los dos últimos años, así como los compromisos que el municipio tiene contraídos con los bancos
