El gobierno municipal saca adelante las compensaciones en el ibi y rebaja el coste de la tasa de residuos sólidos urbanos

 
 
El gobierno municipal integrado por los seis concejales de PASI (Por Atarfe Sí) sacó adelante en el último pleno extraordinario celebrado el 30 de Diciembre la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto municipal sobre bienes inmuebles (IBI) que incluye bonificaciones en el recibo si se pertenece a una familia numerosa, se domicilia el pago de su bien inmueble en suelo urbano a través de una cuenta bancaria, o reside en una vivienda cuyo valor catastral no está por encima de los 60.000 euros y los ingresos no superan dos veces el salario mínimo interprofesional. 

Los cambios en el tasa del IBI que introduce el gobierno local para aliviar la carga impositiva a la que tienen que hacer frente los ciudadanos desde que el Ministerio de Hacienda actualizó al alza los valores catastrales se debatieron inicialmente en el pleno celebrado el 16 de noviembre y, tras el periodo de alegaciones, se aprobaron definitivamente el último miércoles del año con el voto a favor de Por Atarfe Sí (PASI), la abstención de PP y Ciudadanos, y el voto en contra de Ganemos. Los cinco concejales del PSOE no acudieron al pleno extraordinario ni justificaron su ausencia. Sí lo hizo Silvia Lara, de Ganemos, que por motivos laborales no pudo estar presente. También el concejal del PP Antonio Díaz Sánchez.

Las dos alegaciones que presentaron Ganemos y Covirán fueron rechazadas con el voto en contra de PASI y la abstención de PP y Ciudadanos. El edil de Ganemos, Antonio Lucena, también puso reparos a la presentada por la cooperativa granadina con sede en Atarfe. El rechazo de ambas alegaciones se sustentó en el informe técnico elaborado desde el área Económica del Ayuntamiento. 

Ganemos proponía que se modificase el tipo de gravamen que se aplica sobre la base imponible del IBI, pasando del 0,73% al 0,68%; una rebaja que se llevó a pleno en noviembre de 2011 pero que no fue autorizada por el Ministerio de Hacienda. El informe técnico del Ayuntamiento advierte de que la alegación presentada por Ganemos no se acompaña de estudio económico alguno y, de aprobarse, "conllevaría un descenso de los ingresos previstos que, al no acompañarse de ninguna medida compensatoria, supondría un incumplimiento del plan de ajuste aprobado en su día". 

El plan de ajuste para el pago a proveedores que debe cumplir el Ayuntamiento de Atarfe obliga a compensar la pérdida de ingresos por la aplicación de bonificaciones para evitar una quiebra de la hacienda local. Para ello, el equipo de gobierno gravará a partir de 2016 los tipos del IBI de los bienes inmuebles que no son residenciales ni rústicos y cuyo valor catastral es muy elevado, una operación que permitirá ingresar casi 298.000 euros y que, en este caso, sí cuenta con informes favorables del interventor provisional y el tesorero.

La subida afecta a usos de características especiales, y a los usos de almacén y estacionamiento, industrial, deportivo, cultural, oficinas, edificios singulares y espectáculos, “cuyos propietarios tienen capacidad para aguantar”.

La otra alegación que también fue desestimada con el aval del informe técnico del área de Economía fue la que hizo llegar Covirán. La cooperativa sostiene que los cambios que introduce el equipo de gobierno no cumplen con las formalidades exigidas, cuestiona la legalidad de los beneficios fiscales que persigue el gobierno local, argumenta que la nueva tarifa es contraria a los principios constitucionales que deben regir el sistema tributario y, por último, afirma que la redacción de la propuesta es incorrrecta. Los cinco puntos son rebatidos por el informe técnico del área de Economía al entender que la propuesta se ajusta a la legalidad.

La posición de los partidos políticos

La concejal del PP, María del Pilar García Guzmán, argumentó la abstención de su grupo en el hecho de que, a su juicio, la modificación es "discriminatoria" e "injusta", al tiempo que echa en falta un "estudio más detallado". El portavoz de Ciudadanos, Antonio Pascual Martín, justificó la abstención de su partido en el posible "impacto económico" que puede tener la aplicación de los cambios en el IBI, aludiendo a la posibilidad de que "acarree una pérdida de puestos de trabajo". Por su parte, Antonio Lucena, de Ganemos, defendió la alegación de su grupo para reducir el gravamen del 0,73% al 0,68%, recordando que se aprobó en el pleno de noviembre de 2011.

El alcalde Francisco Rodríguez Quesada (PASI) consideró necesarios los cambios propuestos para aliviar la carga de los ciudadanos. Recordó que la anterior gobierno (PSOE e IU) pudo introducir bonificaciones y no lo hizo, y justificó la subida "a los que más tienen" para tratar de compensar el esfuerzo que realizan familias con escasos recursos. Insistió en que su gobierno pondrá en marcha un plan de inspección catastral para que afloren los inmuebles que sus propietarios no han declarado, y se comprometió a estudiar mejor el impacto económico que pudiera tener las bonificaciones propuestas una vez que se normalice la situación del área Económica, cuyo interventor se incorporará en los próximos días y cuyos trabajadores han hecho un esfuerzo importante en los últimos meses para tratar de cerrar las cuentas de los dos últimos años.

Las bonificaciones propuestas en el IBI

Las familias numerosas obtendrán una bonificación en función del valor catastral y de una serie de condicionantes que establece la Ley de Haciendas Locales. Los propietarios de inmuebles de uso residencial en suelo urbano obtendrán una bonificación del 3% de la cuota del impuesto si domicilian su recibo antes del 31 de marzo. 
 
El bono social –una rebaja del 10% en la cuota íntegra del impuesto- sólo se aplicará a vecinos que tengan como residencia habitual un inmueble cuyo valor catastral no supere los 60.000 euros. Los ingresos anuales de la unidad familiar tienen que estar por debajo del doble del salario mínimo interprofesional y sus miembros no deben ostentar más bienes que el de su residencia habitual.
 
El gobierno municipal llevó recientemente a pleno una fórmula para permitir que el fraccionamiento de pago se ajuste mejor a la situación de las familias. La iniciativa, aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos y en la actualidad en periodo de alegaciones, posibilita que los impuestos puedan pagarse hasta en once mensualidades.

Servicio de limpieza y gestión de residuos sólidos urbanos

El gobierno municipal también sacó adelante -con el apoyo de Ciudadanos- la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de limpieza viaria y gestión de residuos sólidos urbanos.  

El cambio se produce después de que la justicia anulase la ordenanza reguladora de la tasa que cobraba la Diputación de Granada por el tratamiento de los residuos sólidos. Fue en 2013 cuando la institución provincial empezó a cobrar esta tasa después de que muchos municipios, entre ellos Atarfe, no pagaran al Consorcio Provincial por el tratamiento de los residuos que genera (en torno a 8.000 toneladas al año). El municipio debe 2,3 millones de euros a la Diputación por no haber pagado esta tasa desde los años 90, una deuda que está obligada a abonar después de que la justicia se pronunciara también sobre este litigio.

El revés judicial que sufrió la Diputación por el recurso presentado por el Ayuntamiento de Baza obliga a que el recibo lo emitan a partir de ahora los municipios. Es por ello que se llevó al último pleno del año la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de limpieza viaria y gestión de residuos sólidos urbanos que supondrá un ahorro para la mayoría de los vecinos de Atarfe. En los últimos años, la Diputación había incrementado al alza el importe de dicha tasa de tratamiento de residuos sólidos porque tenía en cuenta el valor catastral del inmueble.
 
A partir de ahora, el Ayuntamiento de Atarfe no tendrá en cuenta este concepto y optará por incluir dicha tasa de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la factura bimestral del agua y basura que reciben los ciudadanos. Se seguirá el mismo criterio que se aplica en la actualidad para regular la tasa por el servicio de limpieza viaria, en función de la tipología del inmueble a la espera de disponer de datos más precisos para que se pague según el número de miembros de la unidad familiar, tal y como habían solicitado los grupos de Ganemos y Ciudadanos. Un criterio que podría aplicarse en 2017 de contar con los datos que pueda facilitar el Instituto Nacional de Estadística.
 
La columna de la derecha incluye el preccio que se fija en la factura bimentral. 
  
El gobierno municipal sostiene que, con la fórmula que se aplicará en 2016, la mayor parte de los vecinos de Atarfe se ahorrará dinero. Según el informe del área de Intervención el coste previsible del tratamiento de residuos sólidos asciende a 215.000 euros al año.
 
Por otro lado, tanto el equipo de gobierno como Ganemos consideran excesivo el volumen de residuos que se genera al año -8.000 toneladas- por encima de municipios con el mismo número de habitantes. Desde Resur se ha instado al Ayuntamiento a que se haga una campaña de empadronamiento ante la posibilidad de que haya habitantes que no estén censados y que, por tanto, eludan el pago de dicha tasa.
 
Sobre la modificación de la ordenanza para incluir la tasa de residuos sólidos, el PP se abstuvo a la espera de que se actualice el sistema de pago en función de los miembros de la unidad familiar. Ciudadanos votó a favor de la modificación por considerar la propuesta "un paso importante", recordando que su grupo propuso también una rebaja en la tasa de basura que pagan los comercios. Ganemos se abstuvo por el mismo criterio que el PP pero, además, censuró que no se tuviese en cuenta otras variables como la situación económica de las familias o el criterio de reciclaje de cada familia. 
 
La portavoz de PASI, Rosa Félix, aclaró que esta modificación no es definitiva pero que, por "imperativo legal", se aprobaba con cierta urgencia para evitar males mayores sobre las arcas del Ayuntamiento. El gobierno municipal anunció su intención de hacer una auditoria a todo el servicio de basura para saber realmente los costes. Otro de los retos es bajar el volumen de basura y aumentar el reciclaje, incluido el de los enseres, cuya cifra (14 toneladas al mes) está muy por encima de otros municipios de la provincia.  La idea es que en un futuro se tenga en cuenta, a la hora de la aplicación de la tasa, no sólo el número de miembros familiares, sino también el concepto de educación ambiental: que paguen menos lo que menos generan y reciclan.  
 
Por último, se aprobó por unanimidad el convenio con Diputación de Granada para la prestación del servicio de tratamiento de residuos municipales. El concejal de Ganemos, Antonio Lucena, puso en duda las cifras sobre generación de residuos sólidos que desde la Diputación se atribuyen a Atarfe, por lo que instó al equipo de gobierno a que obligue a la Diputación a justificar las 8.000 toneladas anuales. El alcalde invitó a los portavoces del resto de grupos políticos a estar presentes en la reunión que se mantendrá con la empresa para conocer más detalles sobre un asunto que preocupa a las autoridades municipales. 




Comparte este Contenido