La Seguridad Social reclama 1,4 millones por los 20 años de contratación irregular de las trabajadoras de ayuda a domicilio

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social reclama al Ayuntamiento de Atarfe 1,4 millones de euros en concepto de cuotas a la Seguridad Social de 60 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio por la situación de irregularidad en las que venían trabajando desde 1992.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social realizó una visita al Ayuntamiento en enero de 2017, en medio del proceso de regularización de las trabajadoras iniciado en el actual mandato, constatando que durante 20 años dicho servicio se prestaba a través de la comunidad de bienes Hinojosa y Navarro, formada por las propias trabajadoras en régimen de autónomas y sin contrato alguno, tal y como queda reflejado en el acta de inspección.

En dicho documento se alude al carácter “ficticio” de la comunidad de bienes como empresa, “meramente instrumental para facilitar la actividad municipal, escapando de la condición empresarial el propio Ayuntamiento y facilitando sin embargo una actividad absolutamente discrecional y carente de cualquier tipo de control en la selección y contratación de las trabajadoras”.

Esta situación ya se puso de manifiesto en el año 2000 con el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Atarfe que elaboró la Cámara de Cuentas de Andalucía, donde se decía que se contrataban determinados servicios con comunidades de bienes sin que quedara acreditada “la capacidad de las comunidades para contratar con la administración local, ni su relación con el objeto del contrato ni la solvencia técnica o profesional”. En aquel momento no se adoptó ninguna medida para solucionar el problema. 

Tanto la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía como la Diputación de Granada advirtieron también en 2010 que la comunidad de bienes no contaba con la acreditación necesaria para prestar servicio.

En septiembre de 2012 el gobierno socialista presentó en el pleno una propuesta para iniciar el proceso de privatización del servicio que no llegó a debatirse por falta de apoyo necesario para su aprobación.

En el actual mandato, el nuevo gobierno municipal, antes de iniciar el proceso de regularización mediante la gestión directa del servicio, solicitó información sobre la situación a la anterior responsable y actual concejal socialista, Francisca García Olivares, quien se remitió a la información facilitada en el anterior mandato, circunstancia que el actual gobierno niega. 

El siguiente paso fue tratar de consensuar con los grupos municipales la solución al problema. Todos los partidos, a excepción del PSOE, respaldaron en el pleno extraordinario del 3 de marzo de 2006 la propuesta del gobierno de iniciar los trámites para llevar a cabo una gestión directa del servicio y modificar las condiciones laborales de las auxiliares de la ayuda a domicilio. Los socialistas votaron en contra del cambio de gestión por no estar de acuerdo con  la contratación temporal de las trabajadoras, aduciendo que tendría costes mayores para el Ayuntamiento.

En el momento de la aprobación definitiva –en el pleno de julio de 2016-, el PP se desmarcó por disconformidad con las alegaciones que se presentaron, al tiempo que se mostró partidario de privatizar el servicio. Sobre este acuerdo, la concejal del PSOE Francisca García Olivares llegó a presentar un recurso de reposición. El proceso siguió adelante con los votos de PASI, Ciudadanos y Ganemos.

El importe ahora reclamado -1,4 millones- corresponde a las cuotas del periodo no prescristo. Esta circunstancia ha obligado a ralentizar la convocatoria del concurso oposicióndado que las trabajadoras han sido dadas de alta por la Inspección de trabajo en el régimen general de la seguridad social. El gobierno municipal ha anunciado que recurrirá la sanción para tratar de causar el menor daño posible a los vecinos del municipio.

 

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