Acuerdo entre los partidos para iniciar la revisión de la ordenanza de terrazas

La mayor parte de los asuntos que se debatieron en el pleno ordinario celebrado el jueves, 25 de mayo, se aprobaron con mayor o menor apoyo de los grupos municipales que forman parte de la corporación de Atarfe.

El plan de autoprotección de la plaza de toros, el plan local contra incendios forestales, las renovaciones del convenio con el Consorcio de Transportes y de la concesión de la licencia de la emisora municipal, así como distintas actuaciones urbanísticas y medidas de Tesorería salieron adelante con amplio respaldo, incluidas las mociones presentadas por los partidos, a excepción de la iniciativa del PP para crear una comisión municipal de contratación que su portavoz retiró del orden del día.

La sesión arrancó con minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del último atentado en Manchester y con la toma de posesión de Mariano Martín Civantos como concejal de Por Atarfe Sí (PASI) en sustitución de Francisco Prieto.

Tras el informe de alcaldía con las gestiones realizadas en las distintas áreas de gobierno desde la celebración del último pleno, se dio cuenta de las sentencias y de distintas actuaciones relacionadas con el urbanismo, cuya aprobación no presentó dificultad alguna.

Plan local contra incendios y plan de autoprotección de la Plaza de Toros

Lo mismo ocurrió con el plan local contra incendios que, después del informe favorable de la Junta de Andalucía, era preceptiva su aprobación en el pleno para seguir avanzando en la prevención y coordinación en caso de siniestro.

Dicho punto se aprobó por unanimidad al igual que el plan de autoprotección de la Plaza de Toros, un documento necesario que no se tenía y que, como explicó el alcalde Francisco Rodríguez Quesada, hace referencia a las medidas que se deben tomar en el recinto en función del aforo y del tipo de espectáculo. Pese a que la plaza se inauguró en 2005, a día de hoy no se encuentra homologada y presenta serios problemas de seguridad que se pretenden subsanar, de ahí que se hayan suspendido todos los espectáculos que implican la presencia de público en buena parte de la grada.

Convenio del transporte

Los grupos municipales también renovaron el convenio con el Consorcio de Transportes Metropolitano e incluyeron en el acuerdo de pleno que se enviará al ente supramunicipal que el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de emprender acciones legales por daños y perjuicios ocasionados por el retraso en la convocatoria de los concursos para la nueva adjudicación de las líneas de transporte. El alcalde informó del coste que suponen las líneas, la deuda que el municipio tiene contraída con el Consorcio desde hace años –589.000 euros a fecha de abril de 2017- y de la intención del organismo de Transportes de realizar cambios en las líneas con las pedanías y urbanizaciones que no están siendo rentables, así como buscar alternativas de conexión una vez que entre en funcionamiento el metro. Todos los grupos municipales coincidieron en la necesidad de mantener las líneas actuales, de buscar una solución conjunta que garantice los derechos de los vecinos que residen en zonas rurales y de intentar abaratar el coste. En ese sentido, se le instó a la empresa a que licite cuanto antes las líneas para que no supongan un gasto al Ayuntamiento, como es el caso de la línea 125 cuyo coste anual para los atarfeños es de 97.000 euros.

La plaza de taxi adaptado

El único punto en el que hubo mayor disconformidad fue el relacionado con las alegaciones presentadas por un particular en desacuerdo con algunos artículos de las bases para la plaza de taxista con vehículo adaptado para personas con discapacidad. PSOE, PP y Ciudadanos solicitaron dejar sobre la mesa este punto ante la posibilidad de que los tribunales pudieran dar la razón al particular en caso de impugnación y se pudiera ralentizar la puesta en servicio de dicho vehículo. Sin embargo, PASI y Ganemos, apoyados en el informe del secretario municipal que desestimaba las alegaciones del particular, expresaron su deseo de que el procedimiento siguiera su curso para no retrasar más dicho servicio, después de un año tramitación. Finalmente, prevaleció la postura que defendieron PSOE, PP y Ciudadanos.

Radio Ilíberis

El consenso volvió a la hora de abordar la renovación de la concesión de la licencia de la emisora municipal Radio Ilíberis, que se quiere impulsar como una herramienta de formación y participación ciudadana. Todos los partidos coincidieron en subrayar la importancia que ha tenido la emisora en sus 30 años de existencia a la hora de dinamizar la vida social y cultural del municipio, si bien el concejal de Ganemos Antonio Lucena discrepó de esta versión y criticó que en el pasado fuera “un coto cerrado” bajo el control de un colectivo que no citó, afirmación que fue negada con rotundidad por la concejal socialista Francisca García Olívares.

La edil de Cultura, Fabiola García Montijano, agradeció el apoyo de todos los grupos y explicó que el siguiente paso será elaborar un reglamento lo más plural posible que regule el funcionamiento de la radio.

Modificación de crédito para importantes actuaciones

En el capítulo financiero, la corporación municipal aprobó el expediente de modificación de crédito para realizar dos pozos que concentren las aguas residuales del restaurante los Tres Juanes, del kiosko del Lago y del resto de instalaciones municipales de la zona; así como la pavimentación del camino de la Viñuela y la dotación de mobiliario en el centro del pensionista de Sierra Elvira.

El alcalde también informó del seguimiento del plan de ajuste correspondiente al primer trimestre de 2017 y del informe de morosidad. Sobre la deuda comercial, las facturas pendientes de pago al final del trimestre ascienden a 6,5 millones de euros, una cantidad que apenas se ha visto mermada debido a las sentencias condenatorias por el impago del tratamiento de residuos sólidos a Resur, la obra del Corredor Verde y la deuda con el Consorcio de Transportes, según explicó el alcalde, quien confía en que la llegada de los fondos de ordenación del Gobierno central permitan normalizar la situación.

Mociones

PSOE

La concejal socialista Francisca García Olivares presentó una moción de apoyo al Centro de Atención Infantil Temprana de Atarfe, un servicio gratuito para la atención de niños cuyo local, cedido por el Ayuntamiento, precisa de una ampliación. La propuesta del PSOE, respaldada por todos los grupos, solicitaba que se mantuviese el mismo grado de colaboración por la importante labor que desempeña en el desarrollo y la salud de los pequeños.

El equipo de gobierno se comprometió a mantener el apoyo a las trabajadores pero advirtió del cambio de normativa que ha realizado la Junta de Andalucía para que la prestación del servicio se haga con empresas, circunstancia que ha complicado la colaboración puesto que, según los técnicos municipales, la ley impide al municipio alquilar o ceder locales a empresas. Desde el grupo PASI se lamentó que en el Parlamento andaluz no se hubiera defendido la gestión pública del servicio de atención temprana pero se mostró dispuesto a dar todo el apoyo posible a las actuales trabajadoras, siempre que se constituyan como empresa, y evitar que el servicio quede en manos de grandes empresas de fuera.

PP

El portavoz del grupo municipal del PP, Antonio Díaz, retiró del orden del día una moción en la que solicitaba la creación de una comisión municipal de contratación que invadía las competencias del gobierno, a la vez que cuestionaba la legalidad del procedimiento que se sigue en la actualidad.

Ciudadanos

El portavoz de Ciudadanos, Antonio Martín, presentó dos mociones que se aprobaron por unanimidad. Por un lado, la posibilidad de contratar una aplicación informática que fomente la participación y la comunicación que permitirá a los vecinos, entre otras cosas, informar de incidencias para su solución, conocer la propia agenda del alcalde (ya disponible a través de la nueva web), o facilitar información al visitante de comercios y establecimientos de hostelería.

La segunda de las iniciativas de C’s, que guarda relación con el inicio del expediente para convocar una comisión municipal que modifique la ordenanza de las terrazas, salió igualmente adelante, aunque el equipo de gobierno ya avanzó que debe ajustarse a la legalidad de la normativa andaluza.

Se da la circunstancia de que la actual normativa se aprobó en el pleno de septiembre de 2015 con el voto favorable de todos los partidos a excepción de Ganemos, que se abstuvo por la negativa a instalar reproductores de música y televisión. Ya entonces se ampliaba el horario de las terrazas, se reducía la cuantía de las sanciones y se permitía mantener durante todo el año, pero con horarios diferentes en función de la temporada y de si es día laborable o fin de semana.

El portavoz de Ciudadanos, Antonio Martín, defendió en el pleno que se ampliase el actual horario de verano y que en lugar de empezar el 1 de mayo se adelante al 1 de abril, con horarios de 8.30 horas a 2:00 horas (de domingo a jueves) y de 8:30 a 02:00 horas (viernes, sábados y víspera de festivos). El cierre de temporada de verano se propone que sea el 15 de octubre en lugar del 30 de septiembre, como hasta ahora. Todos los grupos hicieron hincapié en la necesidad de buscar un equilibrio entre la rentabilidad del negocio, el derecho al descanso de los vecinos y la diversión del cliente.

Desde el PP se acusó al gobierno de promover una “persecución” hacia los hosteleros, una versión que fue rechazada por el propio alcalde quien defendió la obligación de atender las quejas que presenten los vecinos, como es el caso del negocio regentado por uno de los hosteleros que, junto a familiares, acudió al salón de plenos para exponer su “delicada” situación y quejarse de las molestias que le está ocasionado la remodelación de la calle. Rodríguez Quesada advirtió a los grupos municipales de la imposibilidad de ampliar el horario más allá de las 2 de la mañana y aludió a la normativa andaluza para todas las cuestiones relacionadas con horarios, equipos audiovisuales o cerramiento de ventanas. También alertó de la posibilidad de que la normativa andaluza cambie en breve puesto que está en fase de estudio una nueva ley para locales y espectáculos públicos.

Desde el PSOE, la concejal Isabel Muñoz de Escalona dijo ser consciente de la importancia que tiene para los intereses del colectivo de hosteleros una ordenanza menos restrictiva que la actual y adelantó el voto favorable de su grupo. Por su parte, el portavoz de Ganemos Antonio Lucena recordó que él defendió una de las propuestas que se tumbaron con la actual normativa, la posibilidad de instalar un televisor en la terraza siempre que esté en silencio, al tiempo que consideró necesario reunirse con los hosteleros para que colaboren y pongan de su parte en todo aquello que facilite la convivencia con los vecinos.

Ganemos

A continuación se debatieron tres mociones de Ganemos que obtuvieron el respaldo suficiente de distintas fuerzas políticas. Gracias al apoyo de PASI, PSOE y el propio Ganemos se aprobó instar al Gobierno central para que amplíe la partida del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) hasta conseguir al menos 30 días de trabajo al año para los jornaleros, y que sus jornadas puedan ser validadas al objeto de que puedan solicitar el subsidio agrario. Igualmente logró, con el apoyo de PASI y PP, sacar adelante una iniciativa en contra del decreto de la Junta de Andalucía que afecta a las escuelas infantiles. Por último, se aprobó una propuesta para instar al Gobierno a eliminar una disposición del proyecto de ley de Presupuestos del Estado que, según dicho grupo municipal, obstaculiza la posibilidad de recuperar la gestión directa de servicios y obras de titularidad pública que actualmente están gestionados por empresas o entidades privadas.

Ruegos y preguntas

En ruegos y preguntas, el alcalde explicó, a petición del concejal socialista Javier Bailón, su reciente comparecencia ante la Guardia Civil que investiga la supuesta contratación irregular de un trabajador del Ayuntamiento de Atarfe. Rodríguez Quesada defendió la "correcta" actuación seguida por el equipo de gobierno y anunció su intención de colaborar con la Fiscalía y “no esconderse”. Dicho trabajador presentó a principios de junio de 2016 una reclamación previa a la vía jurisdiccional social con objeto de solicitar el reconocimiento de carácter laboral que le unía al Ayuntamiento desde hacía 13 años.

El acalde recordó los problemas que encontró nada más llegar al gobierno entre el personal laboral, dando prioridad a la resolución del problema de las trabajadoras de ayuda a domicilio, la elaboración de un nuevo convenio laboral con más derechos para los trabajadores, y otros problemas en material laboral que salieron a la superficie con el paso de los días. Relató que, cuando tuvo conocimiento del escrito del trabajador afectado, ordenó abrir un expediente administrativo para que informaran las áreas competentes sobre la veracidad de la versión facilitada por el trabajador, además de solicitar un informe jurídico a un bufete especializado en derecho laboral.

En dicho informe se hacía constar que, en base a los hechos y la jurisdicción en materia laboral, convenía estimar la reclamación interpuesta por el trabajador puesto que era innegable su relación de carácter laboral con el Ayuntamiento. También el secretario municipal ha emitido un informe que se ha adjuntado a la investigación en el que hace constar que el procedimiento seguido por el alcalde se ajusta a derecho. “Para evitar males mayores para el municipio [y después de comprobar que los informes de Personal e Intervención sostenían que venía trabajando desde hace 13 años en un despacho municipal, sin contrato, con medios municipales, y consignación presupuestaria] se aceptó la petición del trabajador en situación de indefinido a la espera de sacar la plaza a concurso”.

“El procedimiento ha sido escrupuloso y no tengo ninguna relación personal ni ideológica con el trabajador”, señaló el alcalde, quien atribuyó al PP, autor de la denuncia ante la Fiscalía, el intento de “desacreditar y justificar determinadas prácticas de mandatos anteriores”. El portavoz popular Antonio Díaz manifestó por alusiones que denunció porque “fue informado de una supuesta irregularidad y como portavoz del grupo se me indicaron los pasos a seguir". "Pero no busco nada”, añadió.

En el turno de ruegos y preguntas también intervinieron vecinos que asistieron al pleno, entre ellos el hostelero más arriba mencionado y un vecino afectado por la última intervención de Endesa y Guardia Civil para demantelar enganches ilegales y evitar el cultivo de marihuana. El alcalde informó que se ha mantenido una reunión de urgencia con los responsables de la compañía para tratar de solucionar un problema complejo que se prolonga en el tiempo desde hace décadas y que requiere de la colaboración de la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía.

El pleno fue grabado y puede verse en su integridad en el siguiente video:

 

Fotos: Jaled Llali.

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